Como periodista, lectora habitual de "El País" y de otros periódicos, me interesa la polémica ideológica que se ha planteado sobre uno de los periódicos de más tirada en España.
El toque –
Una columna de opinión de Juan Luis Cebrián publicada en “El País”, el pasado 21 de agosto, con motivo del Real Decreto sobre la TDT de pago, que venía a poner fin a que hubiera en España sola una cadena de pago. El artículo se titula “El desatino”, y dice:
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La ideología no es ninguna frontera para la incompetencia. Tampoco para la corrupción. El decreto ley de la TDT de pago supone un uso abusivo, para satisfacer los deseos del mando, de un procedimiento de urgencia.
Una de las señas de identidad del franquismo que parecen no haber periclitado todavía es la tendencia natural en aquella época a dictar decretos, pese al sometimiento absoluto de las Cortes y la consiguiente e inevitable aprobación de cualquier ley que el Gobierno de turno propusiera. Gobernar por decreto era para los españoles que vivieron la Transición Política a la muerte del Caudillo un exponente de la arbitrariedad del mando, en medio de las inequívocas demandas de democracia y de independencia del Legislativo frente al Ejecutivo que la mayoría de los ciudadanos expresaba. Sin embargo, aquella mala costumbre ha pervivido entre nosotros durante más de tres décadas.
La figura del decreto ley es una desviación del principio de separación de poderes que inspiró desde sus orígenes la creación de las democracias, pero muchas de ellas la recogen en sus respectivas constituciones, si bien de manera específicamente tasada. La Constitución española de 1978, en su artículo 86, dice que "en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán las formas de decretos leyes" y que no podrán afectar a una serie de temas, entre los que destacan los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos.
Pese a semejantes limitaciones, los Gobiernos democráticos, sin distinción de ideologías, han recurrido con abundancia al ejercicio de esta práctica, amparados por una lamentable sentencia del Tribunal Constitucional que en 1983 depositaba en el propio Ejecutivo la responsabilidad de establecer las circunstancias de urgencia y necesidad que justifican una medida concreta de ese género, pues es "una decisión política que sólo al Gobierno -con el control parlamentario- compete".
El caso es que durante los más de 30 años de democracia los Gobiernos han hecho uso y abuso de su facultad de dictar decretos leyes para las cuestiones más variadas. Los frecuentes avisos de eminentes constitucionalistas respecto a los peligros que semejante práctica encierra para el sistema democrático han sido constantemente desoídos, incluso después de que en 2007 el Constitucional emitiera una sentencia en donde establecía que un decreto ley del Gobierno de Aznar (promulgado en 2002) sobre el sistema de protección por desempleo no se atenía a las razones de urgencia requeridas por la Constitución.
Puede entenderse que durante la Transición, los Gobiernos de Suárez y de Felipe González acudieran a esta figura legislativa con más frecuencia de la deseable: se trataba de construir la democracia y de hacerlo de manera efectiva y rápida. Muchas decisiones políticas de capital importancia se tomaron así por decreto, pero el abuso de semejante sistema una vez normalizado el régimen de libertades es, desde cualquier punto de vista, un exceso incompatible con el sedicente talante democrático que pregonan nuestros gobernantes. Hace poco más de un par de años el profesor Marc Carrillo, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Pompeu Fabra, alertaba sobre estas circunstancias en un artículo publicado en EL PAÍS. "Es importante", decía, "que la jurisdicción constitucional (...) fiscalice los límites (...) al ejercicio de la legislación de urgencia (...) Está en juego la división de poderes, porque el Gobierno no puede arrogarse cuando y como quiera funciones que corresponden al Parlamento. Y eso es lo que ocurre cuando (...) el Ejecutivo no justificó razonadamente la situación de extraordinaria y urgente necesidad".
Estas reflexiones, aparentemente teóricas, mucho tienen que ver con el abuso gubernamental perpetrado el pasado 13 de agosto cuando el Gabinete aprobó por decreto ley la implantación del sistema de pago en la Televisión Digital Terrestre. La razón de la urgencia que el decreto exhibe -el impulso a la antenización de los hogares- es tan peregrina que merece incorporarse al museo del arbitrismo de nuestros Gobiernos, ya colmado de ocurrencias como los famosos descodificadores simulcrypt de Arias-Salgado o el regalo de las bombillas de bajo consumo por parte de Sebastián. La ideología no es ninguna frontera para la incompetencia. Tampoco para la corrupción. La sospecha de que la verdadera urgencia para la aprobación del decreto ley es favorecer los intereses de una empresa cuyos propietarios están ligados por lazos de amistad al poder ha sido sugerida incluso por aquellos que han aplaudido la medida. Gobernar para los amigos desdice de la transparencia exigible a cualquiera; hacerlo mediante un procedimiento excepcional supone un motivo más de preocupación para los votantes que creen en la moralidad de las propuestas de los políticos.
Aunque estamos acostumbrados a la inquina de algunos de nuestros competidores, pienso que no está de más hacer una breve aclaración respecto a cuál es la postura en este punto del grupo de comunicación que dirijo (editor, entre otras cosas, de EL PAÍS) y a qué se debe nuestra oposición al decreto ley. Nuestra empresa ha defendido siempre, y continúa haciéndolo, la existencia de la TDT de pago, entre otras cosas porque somos un operador relevante de esta modalidad de televisión que, contra lo que dicen interesada y engañosamente algunos comentaristas, para nada es pasto del monopolio: junto a Digital + existen otras ofertas como las de Ono e Imagenio, amén de un número considerable de cableoperadores, que en su conjunto reúnen más de un millón de abonados y que van a verse afectados muy negativamente por la decisión precipitada e irresponsable del Gobierno. La TDT de pago es, desde luego, una oportunidad más para nuestra empresa, pero estimamos que el panorama audiovisual español ha sido manoseado hasta la obscenidad por este Gobierno mediante medidas parciales y caprichosas. Por eso apoyamos desde el primer momento el anteproyecto de ley audiovisual que el Ejecutivo conoció hace semanas -y que incluye la modalidad de pago para la TDT-, por entender que se trataba de ordenar, por fin, con acierto y oportunidad el sector audiovisual de nuestro país. La nueva chapuza propiciada por el ministro de Industria no conseguirá probablemente ninguno de los objetivos que declara, ni siquiera algunos de los que no hace explícitos, como facilitar la implantación inmediata y fulgurante de una nueva cadena de pago. Pero ha logrado introducir tal ruido en el mercado, tal confusión entre los consumidores, tal desigualdad entre los operadores y tal preocupación entre los fabricantes de equipos que cabe preguntarse por cuáles son las razones verdaderas que el Gobierno y su presidente han tenido para tomar una medida así.
Pues éste es el verdadero meollo de la cuestión, y no la TDT de pago con la que, insisto, mi empresa y yo estamos absolutamente de acuerdo, lo mismo que con la apertura a la competencia, de la que somos fervientes partidarios siempre y cuando se haga de manera transparente y leal. De lo que se trata no es de nada de eso, sino de la utilización arbitraria e inmoral de procedimientos legislativos de urgencia para satisfacer los deseos, las manías y las ensoñaciones del mando. Es la calidad del impulso democrático de nuestros gobernantes lo que está en entredicho, su respeto a la división de poderes. En contra de lo que declarara en su día Alfonso Guerra, Montesquieu no ha muerto, como no sea en los predios de la actual Venezuela y países semejantes, y es obligación de todo demócrata velar por su supervivencia.
Este país tiene una deuda de gratitud con los primeros Gobiernos de la Transición, los de Adolfo Suárez y Felipe González, que lograron implantar y solidificar la democracia. La grandeza de aquellos presidentes, al margen de los errores que cometieran, reside en que fueron capaces de unir al país en un esfuerzo común de solidaridad y construcción del porvenir. Desde que la derecha se echara al monte de la mano de Aznar, sólo asistimos a políticas de división y enfrentamiento, incluso en momentos tan delicados y difíciles como los de la actual crisis económica. Gobernar a golpe de decreto en cuestiones que no son urgentes ni graves, excepcionales o imprevisibles (para utilizar los adjetivos que el profesor Marc Carrillo entiende justificarían una decisión así) es una demostración de desconfianza y recelo frente a la soberanía popular, representada en el Parlamento. Ningún demócrata que se precie de serlo puede pasar por alto semejante desatino.
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El retoque –
Un editorial de “El País” del 16 de septiembre de 2009, motiva una columna de la “Defensora del Lector” por la sorpresa de los lectores y lectoras ante ¿un cambio ideológico en “El País”?.
El Editorial, se titula “
En la pendiente”, y dice:
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El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, atraviesa uno de los momentos políticos más difíciles desde su llegada a La Moncloa. Si hasta ahora los electores y los miembros de su propio partido habían pasado por alto los modos presidencialistas exhibidos en el nombramiento del Ejecutivo y en la toma de decisiones, la creciente sensación de que Zapatero actúa con imprevisión y ligereza frente a una de las crisis económicas más graves de la historia está comenzando a pasarle factura. A lo largo del último año, las encuestas muestran el desapego de sectores cada vez más amplios de votantes socialistas, desencantados con los titubeos y las contradicciones en asuntos particularmente sensibles para la izquierda y que el propio Ejecutivo había enarbolado para colocar a la oposición entre la espada y la pared. Entre otros, la memoria histórica, las relaciones entre la Iglesia y el Estado o la política exterior basada en principios éticos.
Gestionar el desgaste no resulta fácil para ningún dirigente político. En el caso de Zapatero, la tarea se complica aún más porque el ascendiente sobre su partido no se basa en la determinación y el acierto a la hora de dirigir un proyecto claramente formulado, sino en prometer (y lograr) victorias electorales a cambio de que se acaten sus criterios cambiantes en función de cada coyuntura. Si, como viene sucediendo desde el principio de la crisis económica, surgen dudas acerca de que esas victorias electorales puedan repetirse, es entonces su peculiar manera de ejercer el liderazgo lo que pierde fundamento y, por tanto, lo que queda en entredicho.
Es seguramente ahí donde habría que buscar una de las principales causas del malestar que empieza a cundir en las filas socialistas; un malestar multiplicado por el hecho de que la actual dirección ha desmantelado los espacios orgánicos en los que debía desarrollarse el debate interno. Los dirigentes socialistas que discrepan del imprevisible contorsionismo desarrollado por el jefe del Ejecutivo no están teniendo, así, otro camino que el silencio resignado o el abandono de la política. En una sola semana, tres ex ministros han dejado su escaño y es previsible que otros lo hagan próximamente. Consciente de esta situación -que, sin embargo, se sigue negando-, Zapatero encara la reunión del comité federal del partido el próximo fin de semana. Es posible que consiga suscitar un cierre de filas en torno a su figura; pero si es a costa de aplazar los debates reales, será un paso en falso.
Como jefe de Gobierno, Zapatero ha querido actuar con los mismos criterios que como jefe de partido. El nombramiento de ministros no ha obedecido a razones políticas identificables, ni su cese. Y una vez en el cargo no se les ha reconocido una competencia exclusiva sobre su departamento, sino que han visto constantemente zapada su labor por las intervenciones de un presidente que los puentea y los desautoriza sin reparar en el coste político e institucional que esta forma de actuar representa para el máximo órgano de dirección política del país. Solbes no es el único que ha sufrido este desgaste, pero sí constituye el caso más grave por la importancia del cargo.
Competencias relevantes como Universidades, claves para el nuevo modelo productivo que proclama el Gobierno, han transitado sin motivos de peso entre varios ministerios, igual que Asuntos Sociales. Los titulares de Industria y de Ciencia se han disputado otras competencias y se han dado hasta codazos en organismos internacionales. Vivienda se creó contra la burbuja inmobiliaria, pero se ha mantenido con los precios de los pisos a la baja. Y, desde el punto de vista formal y contra toda lógica institucional, el propio presidente es responsable de Deportes.
Si el Gobierno que preside Zapatero desea alejarse de la pendiente por la que se está precipitando y asegurar su continuidad, y, lo que es más importante, liderar la recuperación económica y no la marcha hacia el abismo, es preciso un cambio. Pero no sólo de unas políticas que no se sabe bien del todo en qué consisten, sino de una forma de decidirlas y ejecutarlas que está alcanzando unos niveles de confusión sin precedentes, especialmente en asuntos de tanta trascendencia como la lucha contra una crisis que nos acompañará aún mucho tiempo.
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El epílogo -La Defensora del lector de “El País”, Milagros Pérez, pone los puntos sobre las íes, este domingo, en una columna titulada “
El País y Zapatero: una crítica incómoda”. El director del periódico justifica, diciendo que de cambio ideológico nada de nada, que vienen siendo críticos con esta política desde principios del 2008, vamos, que no son nuevas las críticas por el tema de Real Decreto, sino por el “manejo” de este gobierno de la crisis. La Defensora de los lectores, escribe:
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Editorial crítico con el presidente desata un aluvión de interpretaciones sobre las relaciones de PRISA con el Gobierno. El director niega un giro en la línea editorial del diario.A los diarios les gusta más dar noticias que ser noticia, y si algún día han de ser noticia, lo deseable es serlo por haber dado una gran exclusiva. Me perdonarán los lectores esta digresión inicial, que en realidad no es sino una confesión de incomodidad: el tema que voy a tratar incide sobre un debate público-mediático muy enconado en el que no todo es juego limpio y en cuyo epicentro se ha encontrado EL PAÍS de una manera que puede erosionar su credibilidad. La tormenta comenzó el pasado miércoles, con la publicación en portada de un editorial titulado En la pendiente, en el que se criticaba muy duramente la política del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en materia económica. Este artículo editorial y algunas informaciones recientes han sido interpretados como un viraje en la línea editorial del diario y como una ruptura entre los medios del Grupo PRISA y el presidente del Gobierno.
Que un diario critique la política económica del Ejecutivo no debería ser noticia. Es lo normal en una democracia. Pero a raíz de ese editorial se ha propagado la idea de que esta posición no es fruto del convencimiento, de un análisis independiente y libre de sus periodistas, sino de una estrategia empresarial del Grupo PRISA frente a decisiones del Gobierno que considera lesivas. El pasado 13 de agosto, en plenas vacaciones estivales, un Consejo de Ministros extraordinario aprobó, en contra del criterio del Consejo de Estado, la regulación de la Televisión Digital Terrestre de pago mediante un real decreto ley, instrumento que la Constitución reserva para casos de "extraordinaria y urgente necesidad". El consejero delegado de PRISA, Juan Luis Cebrián, publicó el día 21 de agosto un artículo titulado Un desatino en el que afirmaba que ese procedimiento constituía un abuso de poder. Cebrián no se oponía a la regulación de la TDT de pago, sino al procedimiento empleado, por considerar que favorecía a otro operador, Mediapro, con el que PRISA mantiene un largo litigio por los derechos del fútbol.
Que el máximo ejecutivo de un operador privado defienda sus intereses no debería ser tampoco noticia. Tiene todo el derecho a hacerlo. Pero la coincidencia entre la polémica sobre la TDT y la publicación del editorial crítico con el Gobierno ha propiciado que se instale en la opinión pública una sospecha que también ha hecho mella en los lectores. Algunos, como Joaquín Gasca Gil, J. M. Sala Franco, José Luis García Lorenzo o Pablo Requejo, se han dirigido a la Defensora para pedir explicaciones. Otros, como Javier Muñoz Álvarez, Enrique Casanova o Mariano García Pechuan, para comunicar, dolidos, que han dejado de serlo. Se consideran traicionados.
No forma parte de las atribuciones de la Defensora cuestionar la línea editorial del diario. Pero en la medida en que este editorial ha causado inquietud en algunos lectores y claro enfado en otros, le he pedido al director, Javier Moreno, que responda a sus inquietudes. Lo ha hecho extensamente, cosa que, dada la importancia del asunto, agradezco.
"No es cierto que se haya producido un viraje. La línea editorial de EL PAÍS no ha dado un giro de 180 grados a raíz de la aprobación de la TDT de pago a mediados de agosto. Ése es un relato que no encaja con los datos, que son siempre más tozudos que las opiniones. Y en este caso, los datos están a disposición de todos, en la hemeroteca del periódico, accesible a los lectores en elpais.com. Difícilmente un lector atento, que haya seguido con interés la cobertura de la crisis económica en EL PAÍS, habrá pasado por alto alguno de los titulares y editoriales que no encajan con la polémica que se trata de establecer, en mi opinión artificialmente".
"Sin ánimo de ser exhaustivo, citaré sólo tres: la primera que recuerdo fue el 4 de enero de 2008. Ese día EL PAÍS tituló a cuatro columnas en primera página: La economía acosa a los socialistas a sólo dos meses de las elecciones. El 25 de marzo pasado, también abriendo el periódico y a cinco columnas (lo máximo que permite el diseño), titulamos: El paro desborda al Gobierno a propósito de la cifra de paro conocida el día anterior, que por primera vez superaba los cuatro millones de desempleados; acompañaba a la información un editorial (Estado de alarma) que arrancaba en la primera página y en cuya primera frase se decía que la gestión del Ejecutivo en esta materia era "un rotundo fracaso". El 3 de agosto de 2008, el titular de la portada del suplemento Negocios tenía sólo tres palabras: Suspenso al Gobierno".
"No es ningún secreto que la decisión del Gobierno sobre la TDT ha merecido las críticas de EL PAÍS. También Juan Luis Cebrián, consejero delegado de PRISA, editora del periódico, ha expresado su opinión negativa (y por tanto la de la empresa) en un artículo de opinión el pasado agosto. Así que resulta también difícil de sostener que el diario maneja una agenda oculta a sus lectores. ¿Resultan más duras, por emplear un calificativo usado por algunos de ellos, las informaciones y editoriales sobre Zapatero y la crisis a la vuelta del verano? Sin duda.
¿Responde esto a un deterioro objetivo y cuantificable de la situación económica (paro, déficit, titubeos sobre el alza de impuestos)? Sí, también sin duda. ¿Supone un giro copernicano (donde antes apoyábamos sin fisura ahora atacamos sin fundamento)? Rotundamente no, según los datos a disposición de todos en la hemeroteca. ¿Alguna de las informaciones objeto de la polémica son falsas o utilizan torticeramente los datos en los que se basa la información para engañar al lector? Nadie, ni siquiera los lectores más críticos, utiliza este argumento. EL PAÍS y el Grupo PRISA pueden juzgar con dureza una decisión concreta del Gobierno, pero ello no va a cambiar la cobertura general, ni en un sentido ni en otro. ¿Aceptarían los lectores a partir de ahora una visión más "amable" de la crisis que azota España sólo para evitar suspicacias? ¿Sería esto compatible con la misión y la obligación de un periódico independiente como EL PAÍS?".
"Finalmente, unas palabras en defensa del periodismo y de la dignidad de la Redacción y de todos los profesionales que hacen posible EL PAÍS. Yo soy el director y como tal, responsable último de sus informaciones y de la línea editorial, que se debate ampliamente en los consejos editoriales. Pero en este diario nadie escribe al dictado. Y algunos de los mecanismos de control que aseguran la calidad a los lectores (el Comité Profesional o la Defensora del Lector, que me ha pedido estas explicaciones) aún buscan parangón en el resto de la prensa española". Ésta es la explicación del director. Lo pernicioso de una situación como ésta es que ninguna decisión se libra de las suspicacias. Si un editorial es crítico, será interpretado como una presión o una venganza; si no lo es, como una concesión que espera recompensa. La frase con la que termina Ignacio Carbó del Moral su escrito a la Defensora me ha llevado a una reflexión que requería mucho más espacio. "Lamentablemente", dice, "sus únicos intereses no son mejores que los de cualquier otra empresa cuyo objetivo son las ganancias por encima de otros aspectos. Malos tiempos para el país y para EL PAÍS".
Cuando la sospecha se instaura en el ecosistema mediático, no sólo afecta a la credibilidad del medio que está bajo escrutinio, sino a la del periodismo en general. Y crea desafección. Alimenta un discurso según el cual, parece normal que un Gobierno, del signo que sea, quiera tener medios afines y utilice para ello los resortes del poder; y también, que los operadores respondan a este juego utilizando su influencia para defender sus intereses empresariales. El resultado de este discurso es una idea de efectos letales: la de que todos son iguales, los gobiernos y los medios. Demostrar lo contrario es, pues, un imperativo democrático.
Se han creado también una serie de recomendaciones a periodistas y medios contra esta práctica de políticos y personalidades públicas:
