Leo en un editorial de “El País” titulado “Emergencia Urbanística” del pasado 11 de febrero, una serie de recomendaciones que da el editorialista para acabar con las corrupciones en los ayuntamientos:
“Si los grandes partidos políticos, con responsabilidades autonómicas y municipales significativas, desean reducir la corrupción en los municipios están obligados a pactar una estrategia que incluya cambios legales profundos –modificación de la ley de financiación de los partidos, control de la propiedad del suelo de los ayuntamientos, nuevas fuentes de financiación municipal-, una Administración de justicia volcada en la persecución de los delitos inmobiliarios, incluida la información privilegiada, y códigos de conducta que transmitan confianza a los ciudadanos. Es desde luego deplorable que imputados en escándalos urbanísticos sean aun candidatos en las próximas elecciones. (...)"
“ Nunca se ponderará lo suficiente el papel que pueden jugar los controles internos de los ayuntamientos en esta batalla contra la recalificación desmesurada, los bloques de vivienda sin urbanizar y el pelotazo sobre suelo protegido. Debe reforzarse la independencia de los interventores municipales, sometidos hoy a la arbitrariedad de las decisiones de alcaldes o comisiones municipales que pueden sentirse afectadas por su fiscalización”.
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