25 julio, 2011

Revolución islandesa

Sobre la ciudadanía y los bancos:

La gente no tiene que pagar por las locuras de los bancos

Ólafur Ragnar Gímsson, Presidente de Islandia

En Islandia, el pueblo ha hecho dimitir a un gobierno al completo, se nacionalizaron los principales bancos, se decidió no pagar la deuda que estos han creado con Gran Bretaña y Holanda a causa de su mala política financiera y se acaba de crear una asamblea popular para reescribir su constitución.

La historia de los hechos:

2008. Se nacionaliza el principal banco del país. La moneda se desploma, la bolsa suspende su actividad. El país está en bancarrota.

2009. Las protestas ciudadanas frente al parlamento logran que se convoquen elecciones anticipadas y provocan la dimisión del Primer Ministro, y de todo su gobierno en bloque. Continúa la pésima situación económica del país.

Mediante una ley se propone la devolución de la deuda a GB y Holanda mediante el pago de 3.500 millones de euros, suma que pagarán todos las familias islandesas mensualmente durante los próximos 15 años al 5,5% de interés.

2010. La gente se vuelve a echar a la calle y solicita someter la ley a referéndum.

En enero de 2010 el Presidente, se niega a ratificarla y anuncia que habrá consulta popular.

En marzo se celebra el referéndum y el NO al pago de la deuda arrasa con un 93% de los votos.

El gobierno inicia una investigación para dirimir jurídicamente las responsabilidades de la crisis. Comienzan las detenciones de varios banqueros y altos ejecutivos. La Interpol dicta una orden, y todos los banqueros implicados, abandonan el país.

En este contexto de crisis, se elige una asamblea para redactar una nueva constitución que recoja las lecciones aprendidas de la crisis y que sustituya a la actual, una copia de la constitución danesa. Para ello, se recurre directamente al pueblo soberano. Se eligen 25 ciudadanos sin filiación política de los 522 que se han presentado a las candidaturas, para lo cual sólo era necesario ser mayor de edad y tener el apoyo de 30 personas. La asamblea constitucional comenzó su trabajo en febrero de 2011 y presentará un proyecto de carta magna a partir de las recomendaciones consensuadas en distintas asambleas que se celebrarán por todo el país. Deberá ser aprobada por el actual Parlamento y por el que se constituya tras las próximas elecciones legislativas.

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