La instalación de micrófonos es ilegal porque atenta contra el derecho a la intimidad, inalienable en todo ciudadano... ¿y cuando se trata de un ladrón de guante blanco?. Las justicia anula las pruebas por obtener escuchas de forma ilegal, pese a que todo el mundo sabe del delito confeso porque ha quedado reflejado en las escuchas. No hay dudas de la culpabilidad... y los señores salen indemnes del proceso porque no hay pruebas de un delito contra el dinero público y de todos los españoles.
Las pruebas se anulan en virtud de otra ley, como diría, Jesús R. Delgado, que escribió a “El País” quejándose: ¿Quién nos defiende de leyes que impiden condenar a ladrones confesos?
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